Denuncian a Dancausa por prohibir las esteladas en la final de Copa del Rey Futbol Internacional - 

Denuncian a Dancausa por prohibir las esteladas en la final de Copa del Rey

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Por Cable Onda Sports

Madrid, 7 sep (EFE).- El abogado Pau Miserachs ha presentado hoy en Madrid una denuncia ante el Juzgado de Guardia contra la delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, por dictar una orden que prohibía las "esteladas" en la final de la Copa del Rey de fútbol celebrada el pasado 22 de mayo.

En un comunicado, el letrado considera que la resolución por la que prohibió la entrada de banderas esteladas "podría ser constitutiva de un presunto delito de coacciones y posible prevaricación en grado de tentativa, delitos contra los derechos individuales según la definición de los arts. 16.1, 542 y 404 y 172.1 del vigente Código Penal".

Señala que tales delitos fueron "cometidos a sabiendas y con la voluntad directa de impedir el ejercicio de derechos fundamentales, por autoridad pública contra los derechos individuales reconocidos por la Constitución a la libertad ideológica y de expresión".

Dancausa prohibió la entrada de esteladas el 18 de mayo y dos días después el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 11 de Madrid revocó dicha orden y permitió a los aficionados que iban a acudir al partido entre el Barcelona y el Sevilla la exhibición de esteladas.

El juez argumentó su decisión en que "en ningún caso ha resultado probado que la exhibición de la estelada pueda incitar a la violencia, el racismo, la xenofobia o cualquier otra forma de discriminación que atente contra la dignidad humana".

De esta forma, el letrado considera que "Dancausa aplicó personalmente una interpretación sui generis, forzada e inconcreta" que, en su opinión, "no puede calificada en medios jurídicos oficiales como simple desacierto o decisión desafortunada a pesar de tratarse de una decisión vulneradora de derechos fundamentales tomada con plena conciencia".

Por todo ello, Miserachs suplica al juzgado correspondiente que abra diligencias e inicie una investigación penal sobre la posible responsabilidad de la delegada del Gobierno.